Procuraduría formuló pliego de cargos contra exalcalde y exsecretaria de Educación del Carmen de Viboral, Antioquia, por presuntas irregularidades en convenio por más de $76 millones

Bogotá, 30 de noviembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde del Carmen de Viboral, Néstor Joaquín Martínez Jiménez (2012-2015), y la entonces secretaria de Educación, Deporte y Recreación, Nohora Cecilia Ossa Soto, por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación por más de $76 millones.  

 

La Provincial de Rionegro reprochó al exmandatario la firma del Convenio 029, del 23 de noviembre de 2012, con las empresas Flota El Carmen S.A. y Cootracarmen, para subsidiar el transporte de 541 alumnos de bajos recursos de las instituciones educativas del municipio, por valor de $76´742.400, con el que presuntamente se buscaría la legalización de hechos cumplidos desde el mes de agosto. 

 

El convenio al parecer se habría pactado con una duración de quince días a partir de la fecha de la firma del acuerdo y hasta el 7 de diciembre de 2012, sin embargo, el servicio de transporte ya se habría prestado, y posiblemente no tendría contrato escrito ni disponibilidad presupuestal que garantizara los recursos.  

 

El ente de control calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima, a título de culpa gravísima, por posible vulneración a los principios de economía y responsabilidad.  

 

El Ministerio Público también formuló cargos contra la exsecretaria de Educación porque posiblemente certificó falsedades al expedir los documentos que servirían de soporte para el pago del negocio jurídico, como el informe de supervisión elaborado en diciembre de 2012, en el cual se afirmaría que dicho convenio se habría realizado entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2012, con un avance porcentual del 100%, cuando en realidad se había ejecutado en otra época del año. 

 

Así mismo, Ossa Soto presuntamente expidió certificaciones en las que declaró que las empresas habrían prestado sus servicios de acuerdo con lo estipulado en el contrato, con lo que pudo haber incurrido en falsedad ideológica en documento público.  

 

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta conducta de la exfuncionaria municipal como falta gravísima, a título de dolo.   

 

Martínez Jiménez y Ossa Soto podrán solicitar la práctica de pruebas para su defensa.