PROCURADURÍA HACE SEGUIMIENTO A SENTENCIA QUE AMPARÓ EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE UNA VEREDA EN COROMORO, SANTANDER
- La Corte Constitucional ordenó instalar una mesa de diálogo para buscar una solución pronta y definitiva a las limitaciones que tienen los estudiantes para llegar a sus instituciones educativas, por la caída del puente El Derrumbe que impide el paso desde y hacia el casco urbano.
Bogotá, D. C., 31 de marzo de 2022 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación instó a la Alcaldía Municipal de Coromoro y a la Gobernación de Santander a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó amparar el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes de la vereda Zúñiga, ante las dificultades de acceso a sus colegios por la falta de construcción de un puente.
Tras resolver la acción de tutela instaurada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de Zúñiga, la corte ordenó instalar una mesa de diálogo para buscar una solución pronta y definitiva a las limitaciones que tienen los estudiantes para llegar a la Sede A de la Institución Educativa (IE) Jesús León Guerrero, y de las sedes Zúñiga y Zúñiga I, por la caída del puente El Derrumbe que impide el paso desde y hacia el casco urbano.
La sentencia determinó que las partes deben establecer actividades prontas, concretas, y fijar un cronograma de ejecución de las acciones acordadas para restablecer el tránsito peatonal en esa zona y, de esta manera, ofrecer alternativas para asegurar condiciones de accesibilidad al derecho a la educación de los menores de edad en proceso de formación.
En consecuencia, la alcaldía y la gobernación deberán remitir al Juzgado Promiscuo Municipal de Coromoro un informe con las propuestas planteadas por los participantes de la mesa, y un plan de contingencia para evitar riesgos derivados del paso por el sector.
La Procuraduría Provincial de San Gil recordó que el interés superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe prevalecer por encima de cualquier interés o consideración y no puede estar supeditado a otros asuntos que atiendan los entes estatales comprometidos en la solución de esta problemática.
El Ministerio Público reiteró que este llamado no constituye coadministración o injerencia sobre las decisiones autónomas que toman las autoridades territoriales, e hizo saber que velará por la protección de los derechos humanos.
Finalmente, hizo saber que vigilará que las autoridades involucradas acaten lo dispuesto por la corte, con el fin de garantizar el acceso a la educación de los menores de edad de Coromoro.
CCJ/cc | Fecha Publicación: jueves, 31 marzo 2022 04:02 PM