PROCURADURÍA REQUIRIÓ INFORMACIÓN A LA GOBERNACIÓN DE CHOCÓ SOBRE ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
- El ente de control investigará las razones por las que el plan de contingencias de la gobernación estaría desactualizado.
- Más de 20.000 ciudadanos se habrían visto afectados por situaciones de violencia en los primeros meses de 2022.
Bogotá, D. C., 27 de mayo de 2022 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación abrió proceso preventivo contra la Gobernación del Chocó, por presuntamente no tener actualizado su plan de contingencia ni contratado al operador logístico para la entrega de ayudas humanitarias a la población afectada por la difícil situación de orden público, la violación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
La Procuraduría Regional de Chocó señaló que es deber de la gobernación realizar al comienzo de cada año las actuaciones respectivas que permitan brindar atención inmediata a quienes resultan perjudicados por hechos relacionados con el conflicto interno del país.
De igual manera, la Entidad aseguró que “el deber de entregar ayudas humanitarias corresponde al cumplimiento de medidas de orden logístico, reglamentario y judicial, las cuales buscan garantizar los derechos de las víctimas y, además, restablecer la situación alterada a través de varios mecanismos de orden legislativo, reglamentario y judicial”.
En lo corrido de 2022 no se tiene constancia de que haya prestado atención humanitaria, a pesar de las frecuentes acciones de los grupos armados, el asesinato de varios líderes de pueblos indígenas y comunidades que se oponen al narcotráfico, el reclutamiento de menores y los desplazamientos y confinamientos a los que se han visto obligados en varios municipios del departamento.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2021 se vieron afectadas cerca de 50.000 personas y más de 20.000 en los primeros meses de 2022. Entre los lugares con un mayor número de víctimas, heridos y desplazados se encuentran Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Alto y Bajo Baudó, Nóvita y Sipí.
Por su parte, el Ministerio Público ratificó que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la entrega de ayuda humanitaria como expresión del derecho fundamental al mínimo vital y velar porque la entrega sea oportuna, integral y en términos de igualdad en todo el territorio nacional, no únicamente por municipios, y que de requerirse se deberá solicitar el apoyo subsidiario de la gobernación, situación que, al parecer, no se ha dado.
Chocó, un tema de especial atención para la Procuraduría General
Desde el comienzo de la presente administración, Chocó se encuentra priorizada como una de las regiones de mayor importancia por las problemáticas registradas y los llamados hechos para que se tomen medidas que favorezcan a su población.
Iniciando 2022 tuvo lugar un consejo de seguridad en la ciudad de Quibdó, con el propósito de encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento, recrudecida desde los últimos meses de 2021.
En ese espacio, la señora procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien preocupada por la crisis humanitaria y la inseguridad que afronta este departamento, dio instrucciones para liderar acciones en busca de soluciones reales a la problemática.
El pasado 22 de abril, el órgano de control pidió medidas que mitiguen el riesgo de la población civil y a todas las entidades del Estado que, de manera conjunta, prioricen la intervención institucional en el departamento, especialmente en zonas rurales, y se desarrolle una estrategia integral para disminuir los impactos de la violencia, se atienda oportunamente a la población y garantice su seguridad.
JPM/mpg | Fecha Publicación: viernes, 27 mayo 2022 10:01 AM