Procuraduría formuló pliego de cargos a exfuncionarios de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira por presuntas irregularidades contractuales
Bogotá, 13 de noviembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, David Ricardo Cardona Molina; el jefe de la Oficina Gestión Financiera, Johan Sebastián Zapata Ramírez; el asesor Jurídico, Carlos Alberto Torres Murillo; y el interventor del Contrato 309 de 2017, Guillermo Castañeda Sandoval, por presuntas irregularidades contractuales.
La Regional de Risaralda reprochó a Cardona Molina, Zapata Ramírez y Torres Murillo un presunto desconocimiento de los principios de planeación, al suscribir el pliego de condiciones dentro del proceso de Convocatoria Pública Nro. 002 de 2017, al parecer, sin tener en cuenta exigencias contempladas en el Manual de Contratación Interno de la entidad.
Así mismo, la PGN endilgó cargos al entonces gerente y al asesor Jurídico por presuntas irregularidades al suscribir, el 2 de enero de 2018, una modificación al Contrato de Prestación de Servicios Nro 309 de agosto, celebrado entre la ESE y Mundo Salud Médica Servicios CTA, cuyo objeto era la prestación de servicios para el proceso de facturación (admisiones, autorizaciones, devolución, citas médicas, entre otros).
Al parecer la modificación al contrato se habría hecho de manera extemporánea, toda vez que los cuatro meses del tiempo de ejecución vencían el 1 de enero.
Además, cuestionó un presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y coordinación por parte de Cardona Molina, quien al suscribir la modificación del contrato de prestación de servicios habría asumido compromisos que, al parecer, afectaban las vigencias futuras de la entidad. También se reprochó al asesor Jurídico, quien supuestamente dio el visto bueno y firmó la adición y prórroga del negocio jurídico.
La Procuraduría adicionalmente formuló cargos al exgerente por una presunta orden de pago de viáticos, por valor de $1´378.963, pese a que no estaban contemplados en el contrato; y al interventor Guillermo Castañeda Sandoval porque supuestamente reconoció estos viáticos y gastos a través de actas de interventoría de diciembre de 2017.
El órgano de control calificó las presuntas faltas de los funcionarios como graves a título de culpa grave.
A los involucrados les asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa.
MPR/mln | Fecha Publicación: viernes, 13 noviembre 2020 09:14 AM