Procuraduría prorroga por tres meses suspensión de la Secretaria de la Mujer, Género y Desarrollo Social de Córdoba
Bogotá, 5 de junio de 2018. La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de la Secretaria de la Mujer, Género y Desarrollo Social de Córdoba, Sandra Gómez Urbina, investigada por presuntas irregularidades en la ejecución de ocho convenios interadministrativos para la atención de los adultos mayores en ese departamento.
Entre las aparentes irregularidades detectadas se encontraron inconsistencias en las planillas que justificaban la prestación del servicio, pues no describían la clase de atención brindada, la fecha en que se realizó o el municipio donde se efectuó. Otras presentaban datos parciales o no contaban con la firma del beneficiario del programa.
El Ministerio Público también halló en los listados a personas que no tendrían el derecho por no pertenecer al Sisbén en los niveles I y II de atención, o por hacer parte del régimen contributivo.
En otros casos los nombres consignados en los formatos no coincidían con los números de cédula con los que el adulto mayor se habría inscrito en el programa. También se encontraron registros de personas quienes tendrían su lugar de residencia en un departamento diferente y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Igualmente se detectaron planillas donde la escritura de los nombres presentaba, al parecer, rasgos caligráficos muy similares en registros consecutivos.
Esas aparentes irregularidades habrían sido cometidas por Gómez Urbina como encargada de controlar y vigilar los convenios interadministrativos suscritos para la atención de los adultos mayores con los municipios de Pueblo Nuevo, Ciénaga de Oro, Córdobas, Chinú, San José de Ure, Planeta Rica, Valencia y Sahagún.
Para el Ministerio Público la prórroga de la suspensión de la funcionaria se justifica porque su permanencia en el cargo posibilitaría que fuera nombrada nuevamente como supervisora de contratos, y en consecuencia podría volver a estar encargada de autorizar los pagos a los contratistas, sin ejercer, aparentemente, el control y vigilancia adecuados durante la ejecución de los convenios, situación que pondría en riesgo recursos públicos.
La funcionaria se encuentra suspendida de su cargo desde el 28 de febrero pasado, cuando la Procuraduría decidió abrir investigación disciplinaria en su contra y apartarla provisionalmente de sus funciones.
MLN/mln
PGN | Fecha Publicación: martes, 5 junio 2018 07:28 PM