Deber del Estado de transmitir de forma clara y efectiva la información sobre sus programas, trámites y servicios.
La política pública CONPES 3785 de 2013 lo define como una de las prioridades de la Administración, ya que reduce el uso de intermediarios, aumenta la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promueve la transparencia y el acceso a la información, facilita el control y la participación ciudadana y fomenta la inclusión social para grupos con discapacidad.