Procedimientos ante la Sala de Amnistías e Indultos

"El inciso primero del artículo 63 constituye un desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2017, en particular de lo dispuesto en los artículos transitorios 5 y 21 del artículo 1º de dicho acto. Conforme a estas dos disposiciones, estableció que la JEP funcionaria bajo los principios de inescindibilidad, simultaneidad e integralidad, en relación con todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Esto incluye a combatientes y civiles, particulares y agentes del Estado, incluidos los miembros de la fuerza pública, sin perjuicio de la regla de comparecencia voluntaria de los civiles [987] . Lo anterior, con el fin de garantizar uno de los objetivos de la jurisdicción especial, consistente en otorgar plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno (inciso primero del art. 5º del Acto Legislativo 01 de 2017), analizado en el estudio de constitucionalidad del artículo 22 del presente Proyecto de Ley. Así, el inciso primero del artículo 63 se encuentra ajustado a las normas constitucionales que desarrolla".

"El inciso segundo establece que la JEP tendrá competencia sobre personas acusadas o condenadas por rebelión y otros relacionados con el conflicto, así no tuvieran pertenencia a las organizaciones armadas. Mediante esta disposición el legislador somete a la competencia de la JEP a los investigados o condenados por delitos que considera relacionados con el conflicto armado, como la rebelión, aunque tales sujetos no hubieran pertenecido a las organizaciones armadas en rebelión, lo cual es concordante con la competencia material y con los objetivos de dicha jurisdicción, en particular con los de ofrecer verdad a la sociedad colombiana y contribuir al logro de una paz estable y duradera, por lo que declarará la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 63".

"El inciso cuarto del artículo 63 señala los casos en los cuales la jurisdicción ordinaria mantendrá su competencia para investigar y juzgar. La hipótesis del numeral primero se refiere a los disidentes de las FARC- EP, es decir aquellos que no se sometieron al proceso de paz, por lo que nunca estuvieron en el listado de que habla el artículo transitorio 5º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017. Tales miembros disidentes de las FARC-EP no pueden acceder individualmente a la JEP por cuanto, como lo establece expresamente el precitado artículo transitorio 5, el componente de justicia del sistema solo se aplicará a los combatientes de los grupos armados al margen de la ley que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional Por las anteriores razones, la Corte encuentra este numeral acorde con la Constitución".

"El numeral 2 plantea una hipótesis fáctica que da lugar a la exclusión de la JEP afectando la competencia personal de que trata el artículo. La hipótesis del numeral segundo supone un incumplimiento de la obligación esencial de acceso a los tratamientos especiales previstos en el componente de justicia del sistema, como lo es el de garantizar la no repetición, es decir no reincidir en el conflicto armado. Dicho incumplimiento resulta de la mayor gravedad por cuanto implica igualmente el abandono de las obligaciones, como las de aportar verdad plena y reparar a las víctimas, y afecta el cumplimiento de los objetivos centrales del sistema, como los de satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; y contribuir al logro de una paz estable y duradera, como lo consagra el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017".

"En relación con el numeral tercero del inciso cuarto, la Corte encuentra problemático, como lo plantea el Procurador, disponer que cualquier incumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 20 del proyecto de ley implica que la justicia ordinaria mantenga la competencia respecto de los excombatientes. En efecto, esta regulación vulnera la norma de competencia prevalente de la JEP, así como el principio de gradualidad del régimen de condicionalidad. Desconoce igualmente que respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 establece como condición para acceder al componente de justicia del sistema, suscribir un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional y, respecto de todos los actores, la obligación de aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición, como condición de acceso al tratamiento especial previsto en dicho componente de justicia. Como se ha dicho en varias ocasiones, el incumplimiento del régimen de condicionalidad puede generar la pérdida de tratamientos especiales de justicia, pero no necesariamente la exclusión de la JEP, consecuencia que sin duda procedería ante el incumplimiento grave del régimen de condicionalidad, bajo los principios de gradualidad y proporcionalidad".

"El artículo 62 define el ámbito de competencia material de la Jurisdicción Especial para la Paz. La norma constituye, en este sentido, un desarrollo del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, en cuanto atribuyó a la Jurisdicción Especial para la Paz la función de administrar justicia de manera transitoria, autónoma, exclusiva y preferente respecto de las demás jurisdicciones, en relación con las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. (…) encuentra la Corte que incluir dentro de las conductas relacionadas con el conflicto las desarrolladas por miembros de la fuerza pública con o contra grupos armados ilegales, aunque tales grupos no haya suscrito el Acuerdo Final como, por ejemplo, el ELN o los grupos paramilitares, no contraría las mencionadas disposiciones constitucionales transitorias. Lo determinante para definir la competencia prevalente de la JEP es que se cumplan las condiciones objetivas de relación de los hechos con el conflicto armado".

"El inciso segundo regula la competencia de la JEP para conocer sobre conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas, ocurridas desde la entrada en vigor del Acuerdo Final hasta su finalización. Se trata de una regla de competencia aplicable exclusivamente a los integrantes de las organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno. Para la Corte, el contenido de este inciso es consistente con el texto del artículo 5 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, reproduciéndolo en su mayoría".

"La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-080 de 2018, condicionó la expresión "con excepción de los terceros civiles, agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública y los aforados constitucionales", del inciso séptimo del artículo 62 en el sentido de que esta excepción no procede en caso de sometimiento voluntario de dichos sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz".

"El artículo bajo análisis hace una referencia expresa al artículo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, según el cual se establece en su inciso primero que la JEP administrará justicia sobre las conductas cometidas con anterioridad al 01 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. De acuerdo a dicha norma Superior, en relación con integrantes de organizaciones que suscriban un Acuerdo de Paz con el Gobierno, la JEP también tendrá competencia para dar tratamientos especiales de justicia respecto a conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas desarrollado desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en el que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final".

"El artículo 70 bajo estudio, desarrolla el trámite que se le debe dar a los conflictos de competencias generados entre distintas jurisdicciones, manifestando que serán resueltos por la Corte Constitucional de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 Superior. Lo anterior es acorde con lo que concluyó la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017, al declarar la inexequibilidad del artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2017. Allí, la Corte consideró que la regulación especial de los conflictos de competencia en el marco de la JEP, sustituía la Constitución en su elemento de independencia judicial por lo que quedó vigente, en consecuencia, la regla general de resolución de conflictos de competencias, esto es, el numeral 11 del artículo 241 superior reformado por el Acto Legislativo 02 de 2015".

"La amnistía es un beneficio propio del componente de justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR), establecida en la Ley 1820 de 2018, con el propósito de regular, entre otros, las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, aplicable de forma diferenciada e inescindible a quienes hayan participado de forma directa o indirecta en el conflicto armado, con anterioridad a la refrendación del AFP. Asimismo, cobijará conductas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Preceptos concordantes con los artículos 40 y 82 de la Ley 1957 de 2019, que establecen la facultad del Estado para otorgar el beneficio de amnistía más amplia posible, luego de finalizar el conflicto. Normas que exigen la concurrencia de tres factores para el reconocimiento de los beneficios provisionales, como la libertad condicionada (LC), y los definitivos, como la amnistía o indulto. El beneficio transitorio de la LC fue establecido por el legislador como un mecanismo dirigido a generar confianza entre quienes suscribieron el AFP con el gobierno nacional, para lo cual el eventual compareciente debe cumplir con el factor temporal de competencia. Es decir, que la conducta por la que se encuentre privado de la libertad se haya cometido con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, o si fue posterior a esta, que tenga estrecha relación con el proceso de dejación de armas. Del mismo modo, se debe demostrar el factor personal, esto es, que el interesado se halle en alguno de los supuestos de los artículos 17, 22 y 29 de la Ley 1820 de 2016. Y que las conductas por las que el solicitante fue o es, investigado, procesado o condenado, se cometieron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, bajo alguno de los presupuestos contemplados en el artículo transitorio 23 del AL 1 de 2017, para satisfacer el factor material. No sobra advertir que estos tres ámbitos competenciales son concurrentes. Normas concordantes con lo dispuesto en los artículos transitorios 5 y 6 del AL 1 de 2017".

"(…) si bien uno de los parámetros que permiten identificar el delito político y sus conexos es que el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional, ello no debe llevar a la conclusión de que, en todos los casos, este ente abstracto es el único afectado, o la única víctima de la conducta. Es evidente que la rebelión va acompañada de actos que pueden afectar intensamente derechos individuales, y, por lo tanto, la afirmación no puede interpretarse en el sentido de que estos delitos no tienen víctimas, como se sostuvo por parte de algunos intervinientes en la audiencia pública ante la Corte. Tomar un criterio orientador para la interpretación (el sujeto pasivo directo es el Estado) es adecuado para el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz; pero deducir de ello la inexistencia de víctimas del delito político implica generar un riesgo para sus derechos, y desconocer la complejidad del conflicto armado interno, en el que la rebelión, así como la respuesta estatal para contenerla, implicó la afectación intensa de millones de colombianos. Ello no implica que acudir al criterio citado sea inconstitucional, sino que previene sobre la necesidad de no llevar sus consecuencias a un plano que suponga una restricción de los derechos de las víctimas".

"En lo que a los criterios de relación con el conflicto respecta, conviene resaltar el contenido del Acuerdo Final de Paz que contempló dos criterios complementarios e inescindibles, a tener en cuenta para la definición caso a caso de la conexidad del delito político, así, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El criterio incluyente consiste en la determinación legal de la conexidad por cualquiera de los tres supuestos contemplados en el primer inciso del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016; mientras que, el de tipo restrictivo que implica que no será posible calificar de conexas aquellas conductas: 1) relacionadas con crímenes internacionales, enlistadas en el literal a del parágrafo único del artículo 23 ibidem -coincidentes con los puntos 40 y 41 del apartado II del numeral 5.1.2 del AFP-, así como tampoco, 2) aquellas calificables por el operador jurídico transicional como de tipo común conforme a los presupuestos del literal b del parágrafo único de la misma norma".

"Los delitos conexos son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados, como cuando un punible se erige en medio para alcanzar un fin delictivo (conexidad teleológica), por ejemplo, cometer un homicidio para realizar un hurto. También, cuando una conducta delictiva se comete para asegurar el producto de otra, v.g. Cuando se lavan los activos procedentes de un delito de extorsión (conexidad paratática). Igualmente, en aquellos casos en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior, por ejemplo, cuando se causa la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad hipotática)".

"La Procuraduría General de la Nación, en defensa de los derechos fundamentales de las víctimas, tiene la posibilidad de intervenir en los procesos que se siguen ante la JEP por medio del Procurador General de la Nación o de sus delegados. Esto es concordante con la facultad general que tiene el Ministerio Público de actuar ante las autoridades judiciales cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Esta potestad se deriva de las facultades constitucionales de esta institución y no de la existencia de hechos nuevos en el trámite de apelación, teniendo además en cuenta que no se trata de un sujeto procesal, sino de un interviniente especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1922 de 2018. Esta intervención se debe dar, normalmente, por medio de los actos ordinarios de postulación, como la presentación de peticiones o de recursos. También puede formular conceptos cuando considere que es necesario dejar sentada la opinión del Ministerio Público sobre aspectos substanciales que son relevantes dentro del proceso. En todo caso, debe ser coherente con el momento y con el tipo de intervención que se realiza, lo cual será valorado adecuadamente por el juez transicional. Si la Procuraduría es la apelante, por ejemplo, no puede usar el momento de emitir conceptos para ampliar por fuera del término legal los argumentos de su apelación".

"(...) la SA advierte que el segundo parágrafo del artículo 2 de la Ley 1922 de 2018 contempla una tercera modalidad de representación, adicional a la individual y colectiva de confianza. El legislador creó la figura del representante común, cuya designación es ordenada por las Salas o Secciones, pero ejecutada por las víctimas y sus agrupaciones. Prescribe el parágrafo: "cuando haya más de una víctima, la Sala o Sección del Tribunal para la Paz, a fin de asegurar la eficacia del procedimiento, podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas, nombren uno o más representantes comunes a fin de que se puedan agenciar de forma colectiva sus derechos, principalmente en los casos de macro victimización". Se trata de una supra agencia, que se logra cuando un único individuo, o un grupo de personas, asume la vocería de un cuerpo extenso, en el que se encuentran víctimas individualmente consideradas, sus representantes igualmente determinados y sus representantes colectivos. Por virtud del principio de eficiencia procesal, en los casos en los que concurran cantidades desbordantes de intervinientes, es imperioso concentrar aún más su participación por medio de un número más reducido de representantes".

"(…) la SA aclara que, para garantizar la eficiencia en la administración de justicia, la intervención de estos sujetos debe ser proporcional en intensidad y extensión conforme a las características del ejercicio jurisdiccional que demanda de la JEP las discusiones y asuntos que se debaten en cada momento procesal. Su actuación masiva y desordenada en el contexto transicional representa un riesgo para el desenvolvimiento oportuno de la Jurisdicción y el logro de la paz, lo que a su turno amenaza los derechos de los que acuden a este componente, incluidas las víctimas mismas38. En etapas incipientes e intermedias, en las que las Salas y Secciones ejercen su jurisdicción y competencia, y deciden sobre beneficios provisionales, no está previsto que se agote su participación, sino que esta inicia y empieza a tener efectos. Estas prerrogativas buscan generar confianza entre los comparecientes a la JEP (L 1820/16 art 51)39, y la obvia importancia de una decisión expedita implica necesarias y ponderadas restricciones a los derechos de las víctimas. Además, está por venir una fase más avanzada y decisiva del trámite, donde la asignación de tratamientos definitivos requerirá su participación plena y protagónica. En consecuencia, la intervención de las víctimas debe realizarse conforme a los ritmos propios de cada estadio y ser, en principio, escritural en todos los espacios previstos en los dos primeros, salvo que en un caso concreto la propia autoridad, apelando a su autonomía, decida lo contrario".

"El artículo 3 de la Ley 1922 exige tres requisitos para la acreditación: (i) manifestación de “ser víctima de un delito y [deseo] de participar en las actuaciones”; (ii) prueba “siquiera sumaria” de tal condición, y (iii) relato de los hechos, "especificando al menos la época y el lugar” de su ocurrencia. Las providencias judiciales y los actos administrativos que reconozcan a una persona como víctima pueden ser aportados como pruebas sumarias, sin perjuicio de que la persona se incline por suministrar otro medio de información, que de alguna manera evidencie su condición. El proceso de acreditación será más ágil, e incluso optativo, para quienes ya se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como para las personas que, por los mismos hechos, previamente se acreditaron en las jurisdicciones ordinaria o especial para la paz."

"Manifestación de ser víctima de un delito y el deseo de participar en las actuaciones ante la JEP. El Despacho relator del caso debe revisar que exista una manifestación de "ser víctima de un delito" y la voluntad de participar en las actuaciones que se adelanten ante la JEP, por lo que se entiende como manifestación de la voluntad de la víctima, el poder conferido por ella a su abogado para actuar en su nombre y representación en todas las actuaciones ante la Jurisdicción.

Relato de los hechos de lo ocurrido. Para cumplir con este requisito, el Despacho admitirá, entre otros y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 1922 de 2018: (i) el relato de las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos la época y el lugar de los hechos victimizantes; (ii) cualquier medio probatorio, incluido el testimonio, que mínimamente de cuenta de que el hecho existió, en virtud del principio de libertad probatoria; y (iii) los informes presentados y sus anexos. El Despacho valorará los relatos presentados siempre velando porque no se le impongan a la víctima exigencias probatorias innecesarias.

Presentación de prueba siquiera sumaria8 de su condición de víctima. En armonía con el principio de libertad probatoria, lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 15 de la ley 1957 de 2019 y la Corte Constitucional9 , al legislador no especificar los medios para probar sumariamente la condición de víctima, en el sentido de dar cuenta de que la persona o colectivo padeció el hecho victimizante, permite que esta pruebe su condición mediante los medios que tenga a su alcance".

"(...) la justicia transicional es concebida como una forma de justicia especial y transitoria cuyo fin último es reconciliar e instaurar un régimen de paz y convivencia pacífica dentro de una sociedad que ha sufrido graves y generalizados abusos de los derechos humanos. Para lograrlo, es menester, por un lado, la protección de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación, y la no repetición, y por el otro, de otorgar beneficios y garantías excepcionales a los responsables o partícipes de violaciones a los derechos humanos, para de este modo evitar que resurja la confrontación violenta teniendo como excusa la falta de canales democráticos de expresión para sus ideas".

"Respecto al inciso primero del artículo 13 del Proyecto de Ley se encuentra en plena armonía con la Carta Política. En primer término, la garantía de los derechos de las víctimas es el fundamento y finalidad esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz. La centralidad de los derechos de las víctimas encuentra fundamento en la Carta Política - artículos 1, 2, 13, 250, numerales 6 y 7, 93, 229, entre las normas más relevantes- y en el Acto Legislativo 01 de 2017, que en su artículo transitorio 1 crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR- y señala expresamente en su inciso 2 que el Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; (...) del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También, el inciso 3 del artículo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que el Sistema es Integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto".

"(…) acerca del inciso segundo del artículo 13, su fundamento constitucional se encuentra, a juicio de la Corte, en el Acto Legislativo 01 de 2017 (inciso cuarto del art. transitorio 1, y art. transitorio 13). Esta jurisdicción busca preferentemente la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, con el fin de acabar con la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización, así como con el objetivo de atender las necesidades y la dignidad de las víctimas, finalidad que es plenamente constitucional En consecuencia, la Sala Plena constata la constitucionalidad del inciso 2".

"(…) en cuanto al inciso tercero del artículo 13, la Corte evidencia que esta disposición se encuentra en plena armonía con el Texto Superior, ya que establece un enfoque diferencial por razones de género, de edad, de etnia, de niveles de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y, de sujetos de especial protección constitucional Así se refiere a los derechos de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, y otros grupos étnicamente diferenciados, las comunidades religiosas, los campesinos, los más pobres, las personas con discapacidad, las víctimas de desplazamiento forzado, la población LGBTI, y las personas mayores, que la Corte ha reconocido como las víctimas que han sufrido impactos desproporcionados por el conflicto armado".

"(…) el inciso primero del artículo 14 de la ley Estatutaria replica prácticamente el contenido normativo del mandato constitucional al proteger como mínimo los derechos que otorga la calidad de interviniente especial a las víctimas, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales sobre garantías procesales, sustanciales, probatorias, acceso a un recurso judicial efectivo y demás derechos aplicables, que son reglas básicas de la garantía del derecho a la justicia de las víctimas y, por tanto, constituye un desarrollo constitucional directo de este derecho fundamental La importancia de este reconocimiento de las víctimas como intervinientes especiales en condiciones de dignidad y de seguridad dentro de los procesos ante la JEP ha sido puesto de relieve en los conceptos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ONU, la Defensoría del Pueblo y CODHES entre otros intervinientes".

"(…) la prolífera y pacífica línea jurisprudencial por parte de este Tribunal ha reconocido expresamente los derechos de las víctimas especialmente en regímenes de justicia transicional, y el Derecho Internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad, tal como se analizó en la parte general de esta sentencia, donde se precisaron las reglas básicas y el contenido normativo que fija el estándar mínimo de cada uno de estos derechos. Igualmente, se debe remitir aquí a lo dicho en el análisis del artículo 1 de esta ley Estatutaria sobre la garantía de los derechos de las víctimas. A juicio de la Sala, la enunciación de estos derechos específicos de las víctimas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz se origina fundamentalmente del componente del derecho a la justicia y las reglas que se derivan de este derecho, y cuya enumeración en esta norma es de carácter meramente enunciativa, más no taxativa, de manera que no excluye otros derechos que hagan parte del componente de justicia, ni muchos menos los derechos que hacen parte de los demás componentes a la verdad, reparación y no repetición".

"(…) la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado la tendencia creciente a maximizar la protección de la dignidad e intimidad de las víctimas de delitos sexuales dentro del proceso penal, estableciendo los siguientes derechos a su favor: (i) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso legal efectivo, de tal manera que se aseguren sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; (ii) el derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, y a que se les comuniquen todas las decisiones que puedan afectar sus derechos; (iii) el derecho a ser tratadas con respeto y consideración durante todo el proceso judicial y a que se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización; (iv) el derecho a ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación; (v) el derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicios contra la víctima; (vi) el derecho a que se adopten medidas para evitar injerencias innecesarias en su vida íntima; (vii) el derecho a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad; (viii) el derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen; (ix) y el derecho a que la investigación penal se adelante con seriedad y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia".

"En el inciso segundo del artículo objeto de revisión, se indica que se incorporan como normas de procedimiento las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas incluidas en el Estatuto de Roma, aprobado por Ley 742 de 2002, frente a cuya constitucionalidad se pronunció este Tribunal a través de la sentencia C-578 de 2002, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2002 para crímenes de lesa humanidad, y el 1 de noviembre del 2009 respecto de crímenes de guerra. El Estatuto de Roma incluyó como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra algunos referidos a la violencia sexual: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. La incorporación de estos tipos penales dentro del Estatuto obedeció al reconocimiento en tribunales anteriores de la ocurrencia de estos tipos de violencia contra las mujeres y la necesidad de incluir normas que permitieran la judicialización de estos hechos".

"Conviene precisar, sin embargo, que una cosa es la selección como principio y otra los criterios con fundamento en los cuales ella se realiza. De una parte, la selección como principio constituye un mandato general y abstracto aplicable en la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo objeto es permitir a dicha jurisdicción, dada la masividad de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, como lo dispone el artículo transitorio 66. De la otra, los criterios de selección tienen la naturaleza de pautas normativas con fundamento en las cuales la JEP debe realizar dicho mandato. En segundo lugar, que la renuncia condicionada a la persecución penal como consecuencia de la no selección es distinta a la amnistía y a la renuncia a la persecución penal como tratamiento diferenciado para agentes del Estado (incluidos los miembros de la Fuerza Pública) por delitos distintos a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La amnistía es un tratamiento especial previsto en el artículo 150.17 de la Constitución que se concede, únicamente, por delitos políticos y conexos. En ningún caso procede cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario".

"(…) el criterio de gravedad de los hechos encuentra fundamento en el artículo transitorio 66 en cuanto establece que la ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección. El Estatuto de Roma señala en sus artículos 7 y 8 que el elemento de sistematicidad es un criterio guía para definir un umbral de mayor gravedad, más no constituye un prerrequisito para activar la jurisdicción. Este criterio hace referencia al nivel de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos, así como a la modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad, y a su turno encuentra fundamento en la primacía de los derechos humanos en el orden constitucional (art. 5 CP.)".

"El segundo es el criterio de representatividad. Este criterio también se fundamenta en el artículo 66 transitorio constitucional en tanto señala que, para determinar los criterios de selección, además de la gravedad: la ley estatutaria tendrá en cuenta la representatividad de los casos. Permite, igualmente, focalizar los esfuerzos de judicialización en los hechos que, independientemente de su gravedad, han afectado de manera relevante a la población y a las víctimas".

"El conflicto armado ha acentuado formas de discriminación presentes en la sociedad, ya sea por razones de género, particularmente en contra de las mujeres, o de personas con orientación o identidad sexual diversa (LGTBI). Igualmente, el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes, como lo constató la Corte en los Autos 004 y 005 de 2009, respectivamente, y ha tenido un impacto diferencial en niños, niñas y adolescentes -Auto 257 de 2008-, que representan el 30% de las víctimas del conflicto armado, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. Dado que la selección permite racionalizar el uso de los recursos judiciales disponibles con el fin de garantizar de mejor manera los derechos humanos y, particularmente, el derecho a la justicia, ofrecer protección reforzada a grupos históricamente discriminados evita que la acción de la justicia termine reproduciendo o profundizando dichos factores de discriminación. Resulta entonces que la selección a partir de este criterio es una acción afirmativa a favor de la igualdad material de dichos grupos".

"El cuarto criterio se refiere a las características de los responsables. La norma hace alusión a la selección de responsables con participación activa o determinante. No obstante, el artículo transitorio 66 estableció la selección de los máximos responsables, entendidos como aquellos que tienen un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que hayan dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos. Así la selección puede recaer en: (i) quienes han tenido una participación activa, (ii) quienes han tenido una participación determinante, o (iii) los máximos responsables de los hechos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio. Aun cuando el artículo analizado no los incluya, por cuanto estos, incluso si no han tenido una participación activa o determinante, deben ser seleccionados de conformidad con la Constitución (art. transitorio 66 C.P.)".

"La Corte no encuentra en este numeral ninguna incompatibilidad con la Constitución y, por el contrario, estima razonable alentar la selección de aquellos casos que cuenten con suficiente material probatorio, en tanto su aplicación se hará en conjunto con los demás criterios y no en forma aislada y excluyente. En este punto, la Corte encuentra adecuado el criterio propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, según el cual se debe permitir que la JEP aplique un juicio de necesidad de la selección del caso y de proporcionalidad frente al impacto de la decisión en los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia y, agrega la Corte, en función de la gravedad de los hechos, su representatividad y la afectación de personas y comunidades de especial protección constitucional Sin embargo, las secciones de la JEP, en ejercicio de sus competencias, podrán elegir sus métodos de interpretación y argumentación conforme al derecho aplicable, por lo que podrán acudir al juicio de necesidad, o a otras herramientas argumentativas que den suficiente sustento y transparencia a sus decisiones de selección".

"El numeral primero del inciso segundo hace una referencia al contenido del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, en lo que respecta a la definición de aportar verdad. La Corte lo declarará exequible por encontrarlo ajustado a la Constitución, entendiendo que el aporte de verdad incluye información sobre bienes adquiridos de manera ilegal, o cualquiera que tuviera alguna relación con lo anterior. Aportar verdad plena en consecuencia, significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades. El cumplimiento de esta condición no implica, sin embargo, la obligación de aceptar responsabilidades cuando no hubiere lugar a ello".

"(…) los responsables de los hechos deben garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos. La obligación de no repetición hace referencia al compromiso de no alzarse nuevamente en armas como rebeldes, ni entrar a formar parte de grupos armados o delictivos organizados. La obligación de abstenerse de cometer nuevos delitos, después del 1º de diciembre de 2016, es de carácter general Ambas situaciones afectan el acceso al tratamiento especial Sin embargo, la condición esencial de acceso a la JEP es la finalización del conflicto armado. Por consiguiente, volver a participar en la violencia armada genera la exclusión de la JEP, pues el abandono del proceso de paz constituye una afectación grave de la finalidad esencial de la justicia transicional cual es la finalización del conflicto armado. A quienes incumplan su obligación de no participar de nuevo en la violencia armada, el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 63 del proyecto de ley objeto de revisión los denomina desertores, los cuales define como aquellos miembros de la organización que habiendo suscrito el Acuerdo de Paz deciden abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas o entrar a formar parte de grupos armados o delictivos organizados".

"El inciso primero contiene tres enunciados normativos, ninguno de los cuales contraviene la Constitución. El primer enunciado otorga a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz la competencia como órgano de cierre hermenéutico de la JEP. Esta atribución desarrolla el inciso primero del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en lo relativo a la garantía de autonomía en la función de administración de justicia de manera transitoria y preferente por parte de la JEP. El Legislador, al asignar una competencia específica a la Sección de Apelación del Tribunal --órgano de la propia jurisdicción- de actuar como máxima instancia interpretativa de la Jurisdicción Especial para la Paz, previó un mecanismo de garantía de la autonomía jurisdiccional frente a las demás jurisdicciones, coherente con la especialidad y competencia preferente de ésta. Además, con esta competencia se protege la igualdad y seguridad jurídica de las víctimas y las personas que se acojan a la jurisdicción, al contar con una instancia máxima dentro de la jurisdicción que defina el alcance de sus derechos en las decisiones, y que deben ser acogidas por las demás Salas y Secciones que integran la jurisdicción, en los términos del artículo".

"Esta facultad encuentra su fundamento en la necesidad de otorgar unidad y coherencia al ordenamiento jurídico que rige a la jurisdicción Especial para Paz, y la realización de la exigencia que recae sobre sus funcionarios de someter sus decisiones al imperio de la ley(Art. 230 C.P.), lo que hace necesario el establecimiento de mecanismos que permitan conferirle uniformidad a la jurisprudencia de esta jurisdicción. Además, tal como señaló esta Corte en la Sentencia C-104 de 1993, la uniformidad en las decisiones judiciales y, en esa medida, la posibilidad de que los altos tribunales emitan sentencias de unificación, permite la realización de fines protegidos por la Constitución Política: (i) asegurar la efectividad de los derechos y colaborar así en la realización de la justicia material (art. 2 C.P.); (ii) Procurar exactitud en la interpretación de la Ley; (iii) conferir confianza y credibilidad de la sociedad civil en el Estado, a partir del principio de la buena fe de los jueces (art. 83 C.P.); (iv) unificar la interpretación razonable y disminuir la arbitrariedad; (iv) permitir estabilidad jurídica y otorgar seguridad jurídica materialmente justa, que es además un objetivo constitucional de la JEP (art. transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017)".

"La disposición analizada reconoce la paz como principio hermenéutico constitucional orientador y de la mayor jerarquía. Los valores y principios constitucionales fijan aspiraciones sociales pretendidas por la comunidad y el Estado. Por esta razón, la jurisprudencia y la doctrina constitucional los reconoce como parámetros de interpretación no sólo de los demás preceptos constitucionales, sino del ordenamiento jurídico en general [886] . En materia de paz, la Corte Constitucional ha adoptado un concepto multidimensional que la entiende como valor, derecho y deber constitucional, así como un fin del Estado y un elemento identitario de la Constitución, a través de las sentencias C-630 y C-674 de 2017 y C-007 de 2018. A la luz de este precepto normativo, el Legislador la consagra como principio orientador de la JEP. Su aplicación, en tanto principio, no es absoluta, sino por el contrario, ponderada con otros valores y principios de la justicia transicional y al interior del SIVJRNR, maximiza los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".

"El numeral primero establece que el desempeño de un cargo de elección popular será incompatible con el cumplimiento de sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz. Se trata de una regla que si bien complementa la del inciso primero del artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017 (mediante el cual se regulan los efectos de las sanciones en materia de inhabilidades), no altera el régimen de inhabilidades que dicha disposición constitucional establece. En estricto sentido, esta primera regla se refiere a un aspecto no regulado en el precitado artículo transitorio 20, y se relaciona exclusivamente con el cumplimiento de sanciones que incluyen privación efectiva de la libertad, como las alternativas y las ordinarias. Dispone el legislador, por tal razón, que el cumplimiento de dichas sanciones es incompatible con el desempeño simultáneo de cargos de elección popular. Para esta Corporación, la participación en política representa una garantía de tránsito de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil en todos sus aspectos, pues es una consecuencia del carácter de delincuentes políticos que se atribuye a los miembros de dicho grupo rebelde y que, en virtud del acuerdo de paz, se les restablece en el ejercicio pleno de la ciudadanía".

"El literal b) del numeral segundo, reconoce la progresividad de la puesta en marcha de las instituciones nuevas del SIVJRNR, así como el despliegue gradual de sus competencias. En consecuencia, la JEP, irá determinando el cumplimiento de las distintas obligaciones en la medida en que estas vayan siendo exigibles por el SIVJRNR. Por consiguiente, este literal tampoco presenta problemas de constitucionalidad. Lo anterior, sin perjuicio de que, como se desprende de una interpretación sistemática de las normas aplicables, también se incluyan las obligaciones de reparación, conforme se ha expuesto a lo largo de esta providencia, como una de las condiciones para el acceso al tratamiento especial de participación en política".

"El literal c) reitera la facultad de la JEP de verificar el cumplimiento de estas condiciones y aplicar las consecuencias por el incumplimiento, lo cual es una expresión natural de la competencia prevalente de la JEP. Este literal es acorde con lo señalado por la Corte en la Sentencia C- 674 de 2017 cuando precisó: que corresponde a la JEP verificar el cumplimiento del sistema de condicionalidades, así como levantar las medidas de suspensión de las condenas, en caso de incumplimiento. Esta regulación es esencial para hacer compatible la reincorporación a la vida civil con la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Por tal razón es indispensable que la JEP adopte las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el monitoreo del cumplimiento de la condicionalidad, para efectos de acceso de los responsables a este tratamiento especial, pero en general, para todos los que ofrece el SIVJRNR. El literal c) se refiere además a la competencia de las JEP para determinar la compatibilidad de la participación política con el cumplimiento simultáneo de las sanciones propias que ella imponga, regla de competencia que se reitera en el literal d) respecto de la compatibilidad con la ejecución de las condenas en general".

"El literal d) define distintos criterios para garantizar la sanción efectiva. Los criterios enunciados en el literal d) son acordes con lo señalado por la Corte en la Sentencia C-674 de 2017, en la que se señaló que: la Jurisdicción Especial para la Paz preserva la facultad para determinar en cada caso, si la sanción impuesta es o no compatible con la reincorporación simultánea en la vida pública y con el ejercicio de los derechos de participación política. Para estos efectos, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá tener en cuenta distintos factores, entre ellos, los siguientes: (i) la naturaleza de la sanción impuesta, los componentes que la integran, y las finalidades de disuasión, retribución, rehabilitación y restauración a las que atiende; (ii) la gravedad de la infracción cometida; (iii) el grado de responsabilidad del autor del delito; (iv) la intención genuina del autor del delito de responder ante la justicia. En síntesis, la JEP deberá establecer si el cumplimiento de la pena puede ejercerse simultáneamente con el ejercicio de los distintos derechos de participación política, garantizando el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como el de asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición".

"El artículo 36 que establece el carácter prevalente de la JEP, reitera, en su gran mayoría el contenido señalado en el inciso primero del artículo transitorio 6 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017. En consecuencia, será declarado constitucional por reproducir un contenido superior. La expresión en el Acuerdo Final y es inconstitucional por cuanto le da carácter normativo al Acuerdo Final, que es diferente a su carácter jurídico de parámetro de validez y de interpretación de las normas de implementación según el Acto Legislativo 02 de 2017, según ha sido interpretado en la Sentencia C-630 de 2017. Adicionalmente, el Acuerdo Final adquiere ese carácter de referente de validez e interpretación únicamente en cuanto a contenidos que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores (art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2017). El asunto de la competencia prevalente de la JEP no corresponde a tal tipo de normas".