Todas las funciones misionales que ejerce la Procuraduría General de la Nación incorporan en su gestión elementos preventivos por lo que, los procesos misionales, estratégicos y de apoyo en el marco de los cuales opera la gestión de la entidad deberán coadyuvar el ejercicio de la prevención para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En el caso de la función disciplinaria, su finalidad preventiva radica en el carácter disuasivo de la sanción ya que, además de castigar la comisión de faltas por parte de los funcionarios públicos o de particulares que cumplen funciones públicas, busca generar cambios de comportamiento y conducta acordes con los atributos de eficiencia, calidad, y probidad que deben regir la provisión de bienes y servicios del Estado tendientes a garantizar la satisfacción y respeto de los derechos ciudadanos.

La finalidad preventiva de la función de intervención apunta a garantizar el respeto de la legalidad y la garantía de los derechos procesales, al tiempo que para la función de conciliación el propósito preventivo se materializa interviniendo en la solución de conflictos jurídicos y pugnas por la garantía y respeto de derechos de diverso orden y, adicionalmente, al contribuir, en caso de ser efectiva, a la descongestión de la administración de justicia.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función pública tiene como misión contribuir a la garantía de los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional, mediante la vigilancia con fines preventivos y de control de gestión a la función pública en entidades y organismos que la desarrollen, garantizando el cumplimiento eficaz y eficiente de las disposiciones constitucionales y legales.

Esta Procuraduría Delegada ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1, 2, 6, 9 y 12 del artículo 24 y el numeral 11 del artículo 7, del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de Entidades territoriales y diálogo social.

La Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1, 4, 6. 7 y 10 del artículo 26 del Decreto Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con la coordinación del seguimiento a la implementación de los diferentes puntos del Acuerdo de Paz.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos ejerce las funciones preventivas estipuladas en los numerales 1,2,3,5,6 y 12 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000; y las que señala el artículo 26 en sus numerales 8,9 y 10, cuando se trate de materias relacionadas con grupos étnicos.

Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente tiene como misión contribuir a la materialización y el respeto por los derechos y garantías laborales, desde la perspectiva que le confía la Constitución Política [al Procurador General de la Nación] y en concordancia con las normas internacionales del trabajo que integran el ordenamiento jurídico colombiano, buscando que todos los trabajadores en Colombia cuenten con un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de ningún tipo, con la participación activa de los trabajadores en la defensa de sus derechos y en la procura del mejoramiento de sus condiciones laborales, logrando ambientes de trabajo seguros y sanos que favorezcan una salud física y mental óptima y la adaptación del trabajo a sus capacidades..

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos ejerce las funciones que consagra el artículo 24 del Decreto 262 de 2000, específicamente los numerales 1,2,5,6,9, y 12; y las establecidas en los numerales 1,2,3,4,5.6 y 7 del artículo 26 cuando se trate de materias que versen sobre derechos humanos.

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad Vigilará el cumplimiento de la obligación que tienen las entidades públicas, de intervenir como víctimas en los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública en que hubieren sufrido un detrimento patrimonial; vigilará el cumplimiento de las funciones atribuidas en el artículo 6o del Decreto 1407 de 2017 a la Comisión Transitoria de Verificación y Apoyo; vigilará el cumplimiento de las funciones atribuidas a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. como administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (PRISCO), conforme al artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, y como administrador del patrimonio autonomo-fondo de víctimas creado por el artículo 3o del Decreto 903 de 2017; vigilará el cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relativo a la obligación que tienen las entidades públicas de diseñar, implementar y poner en funcionamiento un Pian Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que satisfaga los estándares previstos en la regulación vigente y que además sean eficaces; vigilará el cumplimiento de la función atribuida por el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 a la Superintendencia de Sociedades, en materia de promoción de adopción de programas de transparencia y de ética empresarial, mecanismos internos anticorrupción, mecanismos y normas internos de auditoría, promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de las conductas señaladas en el artículo 2o de esa Ley, por parte de sus vigilados; y todas aquellas que le sean asignadas por el Procurador General de la Nación, y las demás que se deriven del ejercicio propio de los asuntos de su competencia.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1, 2, 5, 6 y 12 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, relacionadas con los asuntos ambientales.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1, 2, 5, 6, 12, 15, 17 y 18 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, relacionadas con los asuntos agrarios y de restitución de tierras.

Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y laborales tiene como misión la coordinación de la intervención ante las autoridades judiciales, además de funciones de intervención en procesos laborales y en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente.

La Procuraduría Delegada propende por la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad y la institución familiar, en defensa de las disposiciones constitucionales y legales, ante las autoridades públicas y privadas del orden nacional e internacional.