Conciliación en lo contencioso administrativo

"(...) la solicitud de conciliación interrumpe el término de caducidad hasta el momento en que se logre el acuerdo, y se expidan las constancias previstas en el artículo segundo o se cumpla el plazo de tres meses, después de presentada la solicitud, sin que se celebre la audiencia o no se acuerde la conciliación. En consecuencia, la norma no amplía el término de caducidad, sólo fija un límite de duración para que la conciliación se surta en el menor tiempo posible".

"La Sala precisa que cuando se presenta solicitud de conciliación en un asunto no conciliable, se suspende el término de caducidad, tal como lo prevén los artículos 2, 3 y 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009. Para la Sala, es claro que de la lectura integral de los artículos 2, 3 y 21 de la Ley 640 de 2001 se entiende que el legislador contempló la posibilidad de que el término de caducidad o de prescripción se suspenda cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial frente a un asunto no conciliable. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 en concordancia con el 21 de la Ley 640 de 2001, reiteró los casos en los que se suspende el término de prescripción o de caducidad, y el literal b) hace alusión a las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001. (...) De las anteriores normas se infiere que el término de caducidad de la acción se suspende en aquellos conflictos no susceptibles de conciliación, como los tributarios, y que corresponde a los procuradores ante quienes se presente una solicitud de conciliación en un caso tributario expedir constancia de que no es un tema conciliable, dentro de los 10 días calendarios siguientes. Es deber del Ministerio Público expedir la correspondiente constancia de que el asunto sometido a su conocimiento no es susceptible de conciliación".

"(...) esta Corporación ha concluido que es legítimo establecer el intento de conciliación como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces es válido que la ley señale ante qué instancias debe desarrollarse ese intento. Y la escogencia de los agentes del Ministerio Público para tal efecto se justifica precisamente para proteger la legalidad y los intereses patrimoniales de la Administración, como lo explicó la sentencia C-1195 de 2001, fundamento 7.4., que dijo al respecto lo siguiente: "La conciliación administrativa sólo puede ser adelantada ante los agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción contencioso administrativa. Ello implica una intervención mayor del conciliador con el fin de proteger el interés general, la legalidad del proceso y los derechos fundamentales. Además, el conciliador puede solicitar pruebas adicionales a las presentadas por las partes para la sustentación del acuerdo conciliatorio y si tales pruebas no son aportadas, puede decidir que no se logró el acuerdo"".

"El municipio de Medellín manifestó que la parte actora si bien agotó el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial, lo hizo con miras a impetrar una demanda de reparación directa en tanto sólo invocó unos presuntos perjuicios ocasionados por los actos demandados, mas no solicitó la nulidad de los mismos, por lo que considera que el trámite conciliatorio no tuvo la vocación de suspender el término para la presentación de la demanda. Cabe poner de relieve que de folios 669 a 683 del cuaderno dos del expediente, obra copia de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 5 de julio de 2016 ante las Procuradurías Judiciales para Asuntos Administrativos con sede en Medellín, en cuyo acápite denominado "peticiones" se señaló:"[…] 1. Que se declare la nulidad de la resolución No. C1-15-1901 del 30 de diciembre de 2015 expedida por la CURADURÍA URBANA PRIMERA DE MEDELLÍN por medio de la cual se decidió otorgar licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para el predio ubicado en […]. 2. Que se declare la nulidad de las resoluciones No. C1-RR-OAC-0076 y No. C1-RR-OAC-0072 proferidas por la CURADURÍA URBANA PRIMERA DE MEDELLÍN […]. 3. Que se declare la nulidad de la resolución No. 035 de 2016 proferida por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN del Municipio de Medellín […]. 4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la CURADURÍA URBANA PRIMERA DE MEDELLÍN y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a pagar a los señores […] los perjuicios causados con el otorgamiento sin el lleno de los requisitos legales, de la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural del edificio condominio […]. Así las cosas, considera este Despacho que aun cuando la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad hace alusión únicamente a la indemnización de perjuicios solicitada por los convocantes, lo cierto es que las pretensiones de la solicitud de conciliación, están explícitamente encaminadas a la declaratoria de nulidad de los actos acusados y al consecuente restablecimiento del derecho".

"(…) si bien el agotamiento de la conciliación prejudicial, en asuntos como el que ocupa la atención del Despacho, no constituye un requisito formal de la demanda, sí se erige como una exigencia para formular este tipo de pretensiones y su incumplimiento impide la obtención de una decisión de fondo (…) la conciliación prejudicial se entiende como un mecanismo alternativo de solución de conflictos que, en materia de lo Contencioso Administrativo, tiene como finalidad evitar, en la medida de lo posible, la formulación de numerosas demandas en contra del Estado (…) En este orden de ideas, resulta razonable sostener que la solicitud de conciliación prejudicial debe guardar identidad con las pretensiones que se formulen ante esta jurisdicción en el evento en que el trámite resulte fallido, de ahí que la presentación de nuevas peticiones, que no fueron ventiladas en sede prejudicial, no resulte procedente y, por ende, faculte al juez para aplicar las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico. En este caso, se advierte que la parte demandante no incluyó en la solicitud de conciliación prejudicial la pretensión de revisión del convenio de asociación No. 3671 de 2010 y sí lo hizo en el libelo inicial, conducta que no es admisible para el Despacho, dado que, si de antemano conocía las circunstancias que constituían la imposibilidad de cumplir el contrato y pretendía ventilar esa controversia en sede judicial -según se evidencia en la demanda-, debió agotar el requisito previsto en la ley y no sorprender a su contraparte con peticiones diferentes a las planteadas en etapa prejudicial (…) Así las cosas, el Despacho advierte que el incumplimiento del requisito de procedibilidad, consistente en la conciliación prejudicial, se presentó únicamente frente a una de las pretensiones de la demanda, relativa a la solicitud de revisión del convenio de asociación No. 3671 de 2010, por lo que, si bien el artículo 180, numeral 6, del CPACA, señala que ante el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad hay lugar a dar por terminado el proceso, en este caso, el incumplimiento es parcial y lo pertinente es excluir la pretensión que no fue materia de conciliación extrajudicial. Con fundamento en todo lo anterior, se modificará la decisión de primera instancia, en el sentido de excluir la primera pretensión de la demanda, consistente en la revisión del convenio de asociación No. 3671 de 2010, por cuanto la situación acaecida no se enmarca dentro de la excepción de inepta demanda, sino en el supuesto contemplado en el inciso tercero del numeral 6 del artículo 180 del CPACA, con las precisiones que acaban de realizarse".

"No puede perder de vista la Sala que el Decreto núm. 1716 de 14 de mayo de 2009, "por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009…", derogó los artículos 1° a 14 del Decreto núm. 2511 de 1998 y el Decreto Reglamentario 1214 de 2000, y precisó los lineamientos a seguir para dar cumplimiento al requisito de conciliación extrajudicial exigido por la nueva norma. De tal manera que si bien es cierto que existía un procedimiento anterior para el trámite de la conciliación extrajudicial y que al mismo bien podían acudir los interesados antes de la expedición del Decreto, no lo es menos que éste, dada su característica de reglamentario, reguló en detalle la materia haciendo explícito lo que estaba implícito en la Ley 1285 de 2009, y está amparado por la presunción de legalidad inherente a los actos administrativos. Así pues, tanto la interpretación que hace la Sección Segunda, como la de la Sección Primera, no resulta arbitraria o caprichosa. Empero, estando de por medio derechos de carácter laboral, que algunos tienen la condición de irrenunciables e indiscutibles y otros de inciertos y discutibles, en cada caso en particular debe analizarse el pluricitado requisito de procedibilidad, pues el mismo no siempre resulta obligatorio. De otra parte, cuando como en este caso existen dos interpretaciones igualmente válidas debe privilegiarse la que garantice de mejor manera el acceso a la administración de justicia. En efecto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando exista una norma cuya interpretación razonable admita al menos dos sentidos diferentes, el intérprete debe optar por la interpretación que se adecue mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, de tal forma que se produzcan resultados proporcionados, razonables, equitativos y verdaderamente justos, de preferencia sobre el principio jurídico (entre otras, en sentencia T-191 de 20 de marzo de 2009, Magistrado ponente doctor Luis Ernesto Vargas Silva)… Conforme quedó reseñado anteriormente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora (…) solicitó la nulidad parcial de la Resolución (…) y del auto (…), por medio de los cuales el Instituto de Seguros Sociales, reconoció una pensión de vejez y resolvió la solicitud de reliquidación de la misma. De tal manera que bien puede afirmarse que en este caso, en principio, no era exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la acción instaurada, atendiendo el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 53 Constitucional."

"El problema jurídico que debe resolver en este asunto, se centra en la viabilidad de acreditar, después de proferirse el auto de rechazo de la demanda, el agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del CPACA (…) el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161 del CPACA, se debe agotar antes de incoar la demanda y, en el presente asunto, el a quo, con la inadmisión de la misma y mediante auto de 3 de septiembre de 2019, le dio la oportunidad a la parte actora de acreditar el agotamiento de tal exigencia normativa; decisión que no fue objetada y que la sociedad demandante interpretó, erradamente, como una nueva oportunidad para agotar el trámite conciliatorio ante la Procuraduría General de la Nación. Significa lo anterior que la solicitud de conciliación elevada ante dicha entidad el 6 de septiembre de 2019, resulta extemporánea, en tanto la misma se debía radicar antes de haberse impetrado la demanda, por lo que el auto recurrido será confirmado. Cabe poner de relieve que esta Corporación ha aceptado la posibilidad de acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad, hasta antes de proferirse el auto de rechazo de la demanda, siempre y cuando la solicitud de conciliación se haya presentado ante la Procuraduría General de la Nación antes de radicarse la demanda; entre otras, en las providencias de 28 de enero de 2010 (M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, exp. 2009-01244-00) y 1 de noviembre de 2012 (M.P. Gerardo Arenas Monsalve, exp. 2010-00443-01)… Nótese que en los supuestos fácticos que dieron lugar a los citados pronunciamientos, dentro del expediente al momento de proferir el auto de rechazo de la demanda, ya se encontraba la constancia que acreditaba el agotamiento, en debida forma, del requisito de procedibilidad, situación que no se presenta en este asunto, en tanto que, el auto por medio del cual se rechazó la demanda fue proferido el 1º de octubre de 2019, mientras que la constancia de agotamiento del requisito fue aportada el 9 de octubre del mismo año. Por todo lo anterior, el auto de 1º de octubre de 2019, por medio del cual la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, rechazó la demanda será confirmado".

"Es de resaltar que la Sección Primera del Consejo de Estado ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la materia que ahora ocupa su atención, esto es, en proveído de 4 de octubre de 2012 (Expediente núm. 2012-00272-01, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), que ahora se prohíja, en el que sostuvo que cuando se presenta una solicitud de conciliación prejudicial y el asunto no es conciliable, como ocurre en el caso bajo examen (dado que los actos acusados definen la situación jurídica de la mercancía aprehendida a la actora), dicha solicitud solo suspende el término de caducidad hasta el día en que se expide la certificación de que trata el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 640 de 2001. Así mismo, precisó que si la entidad conciliadora supera el término de diez días, previsto en la disposición precitada, para expedir la constancia correspondiente, por cuanto no advirtió que se trataba de un asunto no conciliable, mal podría atribuírsele a la parte actora el vencimiento del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber presentado la demanda por fuera del término (…) Consecuente con lo anterior, procede la Sala a revocar el fallo apelado en cuanto se abstuvo de resolver sobre el fondo del asunto frente a las resoluciones demandadas"

"Para la Sala, es claro que de la lectura integral de los artículos 2º [3] y 21 de la Ley 640 de 2001 se entiende que el legislador contempló la posibilidad de que el término de caducidad o de prescripción se suspenda cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial frente a un asunto no conciliable. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 en concordancia con el 21 de la Ley 640 de 2001, reiteró los casos en los que se suspende el término de prescripción o de caducidad, y el literal b) hace alusión a las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001 (...)De las anteriores normas se infiere que el término de caducidad de la acción se suspende en aquellos conflictos no susceptibles de conciliación, como los tributarios, y que corresponde a los procuradores ante quienes se presente una solicitud de conciliación en un caso tributario expedir constancia de que no es un tema conciliable, dentro de los 10 días calendarios siguientes (…) a pesar de que la sanción por no enviar información en medios magnéticos es un asunto tributario, (…), la Procuraduría no emitió la respectiva constancia dentro del término exigido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 640 de 2001, sino que convocó a las partes a audiencia de conciliación (…) el término de caducidad, en principio, debería suspenderse solo por 10 días calendario, contados entre la fecha de la solicitud de conciliación y la constancia que debió emitir el Ministerio Público por ser un tema no conciliable (…) Empero, como el Ministerio Público incurrió en varios errores (…) estos errores no deben afectar el derecho de acceso a la administración de justicia pues se le impediría al interesado demandar oportunamente ante esta jurisdicción (…) En consecuencia, como (…) radicó la demanda el 20 de octubre de 2011, es decir, el mismo día en que se declaró fallida la audiencia de conciliación, prospera el recurso interpuesto y, en consecuencia, se revocará el auto de 16 de abril de 2012 para en su lugar, ordenarle al a quo que provea sobre la admisión de la demanda, para lo cual deberá verificar los demás presupuestos de procedibilidad de la acción"

"La conciliación prejudicial como requisito procesal en los procesos ejecutivos contra los municipios es una herramienta legislativa que permite a estas entidades territoriales desarrollar el criterio de economía y buen gobierno, que incluye expresamente los criterios de autosostenibilidad económica y fiscal. Especialmente si se tiene en cuenta el diseño particular de la institución, que se acompaña de medidas normativas que le permiten a aquellas entidades acreedoras de los municipios, llegar a acuerdos de conciliación en los que se incluyan, además, descuentos considerables sobre los montos que deberán ser cancelados. Se trata, de conciliaciones y acuerdos de pago que no sólo permiten a los municipios adoptar estrategias y planes para asumir razonablemente las deudas que pueden ser ejecutadas en su contra, sino que se permite alcanzar disminuciones importantes y considerables, que ayudan a alcanzar los objetivos propuestos de manera más efectiva".

"(…) la parte actora aboga por [un] mandamiento de pago en contra del municipio de Malambo (…) No obstante, el a quo rechazó la demanda, porque echó de menos el cumplimiento del requisito de procedibilidad relativo al trámite conciliatorio, el que consta en un documento emitido por la Procuraduría (…) el día 15 de noviembre de 2012, a cuyo tenor:"[D]eclarar que el asunto de la referencia NO ES SUSCEPTIBLE DE CONCILIACIÓN, por tratarse de una ACCIÓN EJECUTIVA…". Se tiene, entonces, que la pretensión de la actora habrá de ser considerada de fondo, esto es el a quo tendrá que resolver si el título ejecutivo cumple los requisitos que dan lugar a la orden que se invoca, pues el actor elevó al solicitud para que la Procuraduría adelantara la conciliación de ley y cumplir así el requisito de procedibilidad, de suerte que, rechazar la demanda porque el Ministerio Público resolvió que el asunto no requería el trámite, equivale a negarle el derecho de acceder a la justicia. Cabe advertirse que a los interesados una previa conciliación no les corresponde nada más que elevar la solicitud y exigir el certificado que da cuenta de la misma. Precisa recordar que la Procuraduría es la única autoridad competente para realizar conciliaciones prejudiciales, en asuntos de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, de lo que se colige que si esta se niega a adelantar la actuación, como sucedió en el sub lite, al interesado no le corresponde sino obtener la constancia de lo ocurrido. Lo contrario comporta imponerle una carga que no está obligado a soportar"

"En desarrollo del principio de "Economía y Buen Gobierno" que adicionó la misma ley (art. 4, lit. i), el artículo trascrito [47 de la ley 1551 de 2012] estableció la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se adelanten contra los municipios. Dicho principio busca eficiencia en la gestión municipal a fin de que se garantice la autosostenibilidad económica y fiscal, y propende por la profesionalización de la administración. El propósito de la norma fue dotar a las administraciones de los entes municipales de una herramienta efectiva y eficaz para lograr su autosostenibilidad financiera. De manera tal que a través de una adecuada gestión y planeación financiera puedan tomar decisiones para conciliar el reconocimiento y pago de las obligaciones objeto de cobro por la vía ejecutiva".

"El legislador viola los derechos de los trabajadores que tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo, en especial los derechos a "la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales" (art. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 13, CP), al exigirles un requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores. Es decir, la conciliación previa no es exigible como requisito de procedibilidad cuando se trata de acreencias laborales susceptibles de ser reclamadas a los municipios. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Declarar EXEQUIBLE los apartes acusados del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, 'por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios', bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo"

"El legislador viola los derechos de los trabajadores que tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo, en especial los derechos a "la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales" (art. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 13, CP), al exigirles un requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores. Es decir, la conciliación previa no es exigible como requisito de procedibilidad cuando se trata de acreencias laborales susceptibles de ser reclamadas a los municipios. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Declarar EXEQUIBLE los apartes acusados del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, 'por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios', bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo"

"(…) por aplicación del principio ley especial deroga la general, así como el referido a que la ley posterior prevalece sobre la anterior, para el Despacho resulta claro que la aplicación del artículo 65A de la Ley 23 de 1991 cede ante la consagración particular, especial y subsiguiente del numeral 4 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, toda vez que, como se indicó, la finalidad de la Ley 1437 de 2011, en lo atinente a la apelación de autos, era modificar el régimen procesal que traía la antigua codificación contenciosa administrativa, pues para el legislador era necesario restringir los asuntos susceptibles de impugnación, todo en aras de evitar la congestión judicial del Consejo de Estado1. Bajo el contexto antes expuesto, dado que en el presente caso la parte demandante presentó recurso de reposición, que devino en apelación, contra el Auto de 24 de agosto de 2018, mediante el cual se improbó el acuerdo conciliatorio, y de conformidad con el artículo 243 ibídem, tal decisión no es susceptible del recurso de apelación y, además, de serlo, la impugnación solo podía ser interpuesta por el Ministerio Público. En consecuencia, el Despacho rechazará el recurso por improcedente".

"(…) el Tribunal a quo consideró procedente darle trámite al recurso de apelación interpuesto por la parte convocante con sustento en el artículo 65A de la Ley 23 de 1991, norma que, al respecto, determinó tanto la competencia para dictar providencias que aprueben o imprueben los acuerdos conciliatorios, como la procedencia de la apelación. Como viene de verse, existen dos normas en colisión que regulan la misma materia, lo que impone, para efectos de determinar cuál es la ley aplicable para efectos de determinar la procedencia de la apelación contra la providencia que imprueba la conciliación, traer a colación los postulados de las Leyes 57 y 153 de 1887 (…) por aplicación del principio lex specialist derogat generali, así como el referido a que la ley posterior prevalece sobre la anterior, para el Despacho resulta claro que la aplicación del artículo 65A de la Ley 23 de 1991 cede ante la consagración particular, especial y subsiguiente del numeral 4 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior por cuanto, como se dejó visto, la finalidad de la Ley 1437 de 2011, en lo atinente a la apelación de autos, era modificar el régimen procesal que traía la antigua codificación contenciosa administrativa, pues para el legislador era necesario restringir los asuntos susceptibles de impugnación, todo en aras de evitar la congestión judicial del Consejo de Estado. Con todo, a manera puramente ilustrativa, vale aclarar que (…) incluso en el proyecto de Ley 198 de 2009 -hoy Ley 1437 de 2011-, el artículo que consagraba el régimen de apelación de autos sí contemplaba la posibilidad de que el auto que improbara la conciliación fuera apelable (…) Sin embargo, el proyecto de norma antes relatado, a su paso por la Cámara de Representantes fue reformado, en punto a disponer que solo sería apelable la providencia que aprobara la conciliación extrajudicial o judicial y que dicho recurso solo podría ser interpuesto por el Ministerio Público, redacción que finalmente quedó consagrada en el numeral 4 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 y por la que, en el presente asunto, se impone el rechazo del recurso interpuesto. Bajo el contexto antes expuesto, dado que en el presente caso la parte convocante de la conciliación presentó el recurso de alzada contra el auto del 6 de diciembre de 2016, mediante el cual se improbó el acuerdo conciliatorio, y de conformidad con el artículo 243 ibídem, tal decisión no es apelable ante esta Corporación y, además, de serlo, la impugnación solo podía ser interpuesta por el Ministerio Público, el Despacho rechazará el recurso por improcedente"

"Sería del caso decidir el mérito de la impugnación formulada por el convocante (…) en contra de la providencia que aprobó parcialmente la conciliación alcanzada ante la Procuraduría (…), si no fuera porque tal posibilidad no fue contemplada por el legislador dentro de la taxativa reglamentación contenida en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (…) Resulta clara la disposición normativa en cuanto a que, de una parte, tan solo procede la apelación para el auto que apruebe la conciliación judicial o extrajudicial y, de otra parte, que el interés jurídico para formular la alzada tan sólo está radicado en cabeza del Ministerio Público. Pues bien, no encajan en el caso bajo estudio de las dos circunstancias mencionadas para la procedencia de la apelación pues, por un lado, el motivo de la apelación no es la aprobación, sino la improbación de parte del acuerdo alcanzado y, por el otro, quien formula la alzada no es el Ministerio Público sino la parte convocante. Siendo así las cosas, no habiendo contemplado el legislador la posibilidad de apelación por parte del convocante del auto que impruebe la conciliación extrajudicial (…), fuerza concluir el rechazo de la alzada por improcedente".

"Para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que sería la procedente en el sub lite para debatir el derecho al sobresueldo de Directivos docentes, se requiere del agotamiento previo de la vía gubernativa2. Este presupuesto se conoce como el principio de "discusión previa", el cual tiene por finalidad que la Administración en sede gubernativa y a instancia del administrado, tenga la oportunidad de revocar, confirmar o modificar su decisión previamente a que el acto administrativo sea sometido a control jurisdiccional por vía de la citada acción de nulidad y restablecimiento del derecho (…) Teniendo en cuenta la normatividad en cita, se da el agotamiento de la vía gubernativa, cuando excepcionalmente contra el acto administrativo particular no proceden recursos y cuando interpuesto el recurso se ha decidido, en cualquiera de las formas señaladas en la ley, vale decir, por medio de acto expreso o por acto presunto. También hay agotamiento de la vía gubernativa cuando el acto administrativo quede en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o de queja, por lo que se infiere que el recurso de apelación es obligatorio para esta finalidad. Así, cuando en ocasiones proceden los dos recursos (reposición y apelación) contra un acto administrativo y sólo se interpone el de reposición, aunque se resuelva el incoado, no se habrá agotado la vía gubernativa por la necesidad de interponer el recurso de apelación (…) Cada uno de los 64 conciliantes allegó los siguientes documentos (…) En ningún caso aparece el documento a través del cual los docentes hayan solicitado al Municipio el reconocimiento y pago del sobresueldo y menos acto administrativo que defina el derecho. Teniendo en cuenta que no se allegó la prueba que acredita el agotamiento de la vía gubernativa previamente a la solicitud de conciliación, el proveído impugnado que improbó el acuerdo será confirmado pero por las razones expuestas".

"(…) en caso de un eventual proceso ante esta jurisdicción, esos servicios pueden reclamarse en demanda formulada en ejercicio de la acción de reparación directa (…) Atendiendo a lo expuesto por el A Quo como por el recurrente, la Sala observa que hay lugar a confirmar el auto apelado, toda vez que efectivamente algunos de los valores reclamados y conciliados están caducados. En efecto, la solicitud de conciliación prejudicial se radicó ante la Procuraduría Judicial del Tribunal Administrativo de Caldas el 4 de febrero de 2005, razón por la cual, los valores reclamados, anteriores a dos años contados a partir de la presentación de la petición de conciliación prejudicial, están caducados (…) Por lo tanto, la caducidad de la posible acción de reparación directa da lugar confirmar la improbatoria del acuerdo conciliatorio prejudicial, toda vez que la conciliación incluye estas sumas de dinero, cuya reclamación se encuentra caducada, como se explicó".

"(…) la Sala ha manifestado en múltiples oportunidades que el enriquecimiento sin justa causa, en su condición de título jurídico de imputación de responsabilidad, permite al particular acudir ante esta jurisdicción, a través de la acción de reparación directa (…) Particularmente, la Sala encuentra que pretenden conciliarse servicios médicos asistenciales prestados a la Nación durante el período de febrero y abril de 1999 (…) [E]s claro que para el momento en que se presentó la segunda solicitud de conciliación prejudicial y que ahora es objeto de estudio para aprobación, ya se encontraba caducada la acción, parcialmente, pues el término de dos años, frente a los últimos servicios, venció el día 11 de mayo de 2001 y la solicitud se presentó ante la Procuraduría el día 16 de julio del mismo año. En efecto, no pueden conciliarse patrimonialmente vicios prestados con antelación a esos dos años, fijados por la ley; y es ésta la situación en la cual se encuentran los aquí conciliantes".

"(...) el establecimiento de la obligación de estar asistido por abogado en el trámite de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, resulta ser un medio idóneo y razonable para lograr un fin constitucionalmente legítimo, como lo es el de asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y aún el de celeridad en el trámite conciliatorio (C.P. art. 209)".

"El agente del Ministerio Público, en primera instancia, objetó el pacto de cumplimiento durante la audiencia e interpuso recurso de apelación contra el fallo del a quo, al poner de presente que la fórmula de acuerdo debió someterse previamente a consideración de los Comités de Conciliación de las entidades demandadas, antes de la celebración de la audiencia de pacto. El a quo desestimó los argumentos del procurador judicial puesto que, en su criterio, dada la finalidad y naturaleza especial del pacto de cumplimiento, no se requiere concepto previo de los comités de conciliación (…) [L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que el pacto de cumplimiento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual las partes logran establecer los parámetros para la protección de los intereses colectivos amenazados o vulnerados, de una manera ágil y eficaz. Así en sentencia del 20 de junio de 2012, esta Sección consideró dicha figura como un método para solucionar el conflicto planteado al interior de una acción popular, que permite a las partes, con la orientación del juez, llegar a un acuerdo que salvaguarde los derechos deprecados y, de esta manera, poner fin al litigio a través de una sentencia aprobatoria de dicho acuerdo (…) De igual forma, ha diferenciado ambas figuras respecto a la disponibilidad de los derechos en litigio según la naturaleza de los mismos, para concluir que el pacto de cumplimiento no versa sobre intereses susceptibles de ser negociados, sino sobre la forma de proteger los mismos (…) [L]os comités de conciliación son las instancias administrativas facultadas para determinar y hacer cumplir las políticas públicas de las entidades respecto a la prevención del daño antijurídico y la defensa de sus intereses, lo cual implica la evaluación de (…) la procedencia en la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (…) Ahora bien, como quedó ampliamente establecido en el acápite II.5. de estas consideraciones, el pacto de cumplimiento es una modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el cual las partes, a iniciativa del juez, podrán establecer un pacto de cumplimiento, en el que se determine la forma de protección de los derechos colectivos, teniendo en cuenta las especialidades de los intereses en juego. Por tanto, previamente a la audiencia de pacto de cumplimiento, el comité de conciliación de la respectiva entidad que sea parte de una acción popular debe realizar un análisis minucioso de los argumentos y pruebas de la demanda, así como de la actuación y competencias de la entidad frente al caso concreto, adoptar la decisión respecto a su procedencia o improcedencia del acuerdo y fijar los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado puede comprometer a la entidad respecto a las obligaciones de hacer, no hacer o dar para la debida protección de los derechos o intereses colectivos amenazados o vulnerados. Conforme a lo expuesto, esta Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer que los comités de conciliación de las entidades públicas son los competentes para adoptar la decisión respecto a la procedencia o improcedencia de presentar una fórmula de pacto de cumplimiento dentro del trámite de las acciones populares y los parámetros dentro de los cuales debe actuar el representante legal o apoderado de la entidad, en las audiencias de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998 (…) Por tanto, ante la ausencia de decisión previa por parte de los comités de conciliación de las entidades demandadas, respecto al de pacto de cumplimiento acordado en el proceso de la referencia, la Sala revocará la decisión aprobatoria del pacto de cumplimiento y ordenará al Tribunal realizar nuevamente la audiencia de pacto de cumplimiento, previa citación a las partes e interesados, observando los lineamientos establecidos en esta providencia (…) Finalmente, la Sala pone de presente que en el presente caso, el procurador judicial (…) para asuntos administrativos interpuso el recurso de apelación al considerar que no debió aprobarse el pacto de cumplimiento toda vez que los comités de conciliación de las entidades demandadas no habían adoptado la decisión sobre la procedencia del pacto, sin embargo, la procuradora delegada ante esta sección no compartió los argumentos del agente del Ministerio Público apelante y en su concepto, solicitó conformar la sentencia impugnada. Al respecto, la Sala considera que los agentes del Ministerio Público ejercen su función conforme a la Constitución y la ley, con la finalidad de i) hacer efectiva la protección al patrimonio público; ii) la defensa del orden jurídico; iii) la protección y garantía de los derechos fundamentales. Por tanto, entre los procuradores judiciales I y II y los procuradores judiciales II y los procuradores delegados, no existe subordinación funcional ni jerárquica y ejercen su cargo con autonomía e independencia, puesto que actúan como sujeto especial y su régimen se asimila a las mismas calidades, categoría y derechos de los que gozan los funcionarios judiciales ante quien intervienen (…) En consecuencia, tanto el Procurador (…) Judicial (…) como la Procuradora (…) Delegada ante el Consejo de Estado expusieron sus argumentos frente al caso concreto de forma autónoma e independiente, conforme a sus criterios jurídicos e interpretativos y en consecuencia, las divergencias existentes entre ambas posturas no les restan validez sino por el contrario enriquecen el debate y dan luces al fallador sobre el problema jurídico a resolver".

"La Sala considera que, conforme se encontró probado en el caso sub examine, el Tribunal impuso órdenes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco de la audiencia especial de pacto de cumplimiento pese a que dicha entidad manifestó que no tenía ánimo conciliatorio. El Comité de Conciliación de cada entidad pública es el único que cuenta con la facultad para decidir si concilia o no y, en el caso que se estudia, el Comité del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ningún momento manifestó tener voluntad de conciliar, por lo que las órdenes impartidas por el Tribunal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben revocarse, teniendo en cuenta que conforme a las pruebas que obran en el expediente se logró demostrar que la apoderada del Instituto demandado en la audiencia de pacto de cumplimiento puso en conocimiento del Tribunal que el Comité había decidido no conciliar ni presentar fórmula de pacto. Los apoderados que representen a las entidades en audiencias de pacto de cumplimiento no cuentan con la facultad de cambiar lo decidido por los Comités de Conciliación y, mucho menos, para comprometer en forma autónoma el presupuesto de la entidad; por ello, en el caso sub examine, el Tribunal no podía desconocer el acta del Comité de Conciliación (…) La Sala considera que, en el caso sub examine, se debe revocar la sentencia impugnada por cuanto aprobar el pacto sin las órdenes impartidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no garantiza en forma plena la protección de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda. La revocatoria de la sentencia de pacto implica la reanudación del proceso; en consecuencia, el Tribunal deberá decidir si convoca a una nueva audiencia de pacto de cumplimiento o da apertura a la etapa probatoria".

"La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional es una entidad de naturaleza pública, del orden nacional, por tanto, era requisito, para la celebración de la conciliación, contar con el respectivo concepto del Comité de Conciliación, en atención a lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. En la audiencia de conciliación, el apoderado de la entidad demandada aportó el concepto de 6 de febrero de 2020, mediante el cual el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional reconsideró la decisión adoptada en sesión de 26 de septiembre de 2019 [En esa ocasión, el Comité de Conciliación autorizó conciliar hasta el 85% el valor de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia], y autorizó conciliar en la forma acordada por las partes, es decir, por el 100% de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia. De conformidad con el análisis efectuado, resulta procedente aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, en la audiencia de 6 de febrero de 2020, como quiera que se encuentran satisfechos todos los requisitos exigidos para ese efecto".

"(…) en el caso de la entidad demandada que concilió, observa el despacho que aunque la apoderada de la Nación - Fiscalía General de la Nación mantuvo sus facultades enmarcadas dentro del poder a ella conferido, aquella no contaba con el visto bueno del comité de conciliación de la entidad para presentar o aceptar una fórmula conciliatoria, pues respecto a ese requisito manifestó que faltaba el estudio del caso debido a un trámite interno de la entidad -reparto de fichas-. Por lo anterior, resulta necesario resaltar que el inciso 2° del artículo 16 de Decreto 1716 de 2009 señala el objeto que cumplen los comités de conciliación y, específicamente, dispone lo siguiente: "Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público (…)".En este sentido, debido a que la apoderada judicial de la Nación -Fiscalía General de la Nación no contaba con el visto bueno del comité de conciliación de la entidad que representaba (no se había reunido), y que dicho requisito es indispensable para celebrar acuerdo conciliatorio, no estima el despacho que se cumpla con el requisito relativo a la capacidad. Además, tampoco considera el despacho que sea aplicable el concepto emitido por el comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación el 28 de enero de 2015, toda vez que el mismo fue dado en una época en la que la entidad pública sí deseaba conciliar -más de 3 años antes de la última audiencia de conciliación-, conforme a las posturas jurisprudenciales vigentes para ese momento. De igual forma, resulta conveniente mencionar que tanto en la audiencia de conciliación como en memorial presentado el 25 de febrero de 2019, la apoderada de la entidad demandada dejó constancia de la ausencia de visto bueno por parte del comité de conciliación, de tal manera que no fue una situación nueva o sorpresiva, sino que posiblemente obedeció a la confusión que tuvo la representante judicial de la entidad al ver la postura existente en el expediente para el año 2015 (en la cual se aceptaba la posibilidad de conciliar). Por lo anterior, se improbará el acuerdo conciliatorio celebrado el 16 de enero de 2019 entre (…) y la Nación - Fiscalía General de la Nación, en calidad de demandada".

"El escenario normativo descrito permite a la Sala, en aplicación de los lineamientos del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, ubicar al Consejo Superior de la Carrera Notarial como parte del sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público y más específicamente como uno de los consejos superiores de la administración (...) El artículo 14, numeral 13 del Decreto 2723 de 2014 "[p]or el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro" establece que es función de la Oficina Asesora Jurídica: "[e]jercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, así como del Comité Jurídico de la Entidad y del Consejo Superior de la Carrera Notarial" (…) Esta normativa obedece a un diseño institucional en el que, a pesar de que el Consejo Superior tiene la autonomía legal para administrar la carrera notarial y los concursos, el área de apoyo misional es externa, pues le corresponde a una autoridad diferente actuar como secretaría técnica y como proveedora de los recursos económicos y servicios técnicos y administrativos que se requieran (…) El Consejo Superior tiene a su cargo atribuciones inescindiblemente conexas con la función notarial, las que por su naturaleza se encuentran materialmente vinculadas a las competencias propias de la Superintendencia de Notariado y Registro. Por otra parte, en efecto, el Consejo Notarial exhibe una conformación sui generis: i) un alto funcionario de la Rama Ejecutiva: el ministro de justicia, ii) dos altos dignatarios de la Rama Judicial: los presidentes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, iii) la cabeza del Ministerio Público: el procurador general de la Nación, y iv) dos notarios. Tal diseño, que involucra varias ramas del poder público y un órgano de control, además de los notarios, así como la mencionada heteronomía en materia presupuestal y administrativa, imposibilitan la conformación de un Comité de Conciliación propio en los términos señalados por el Decreto 1069 de 2015, lo que obliga a ubicarlo en las áreas de apoyo al cumplimiento de la misión, que son de naturaleza externa. Nótese que en el señalado decreto se prevé que los comités de conciliación deben contar con la presencia, entre otros, del ordenador del gasto y del jefe de la Oficina Jurídica de cada entidad, así como del jefe de la oficina de Control Interno, solo con derecho a voz. Como se aprecia, el Consejo Notarial carece de una estructura administrativa propia; por tanto, son inexistentes los cargos antes señalados -que deben hacer parte del Comité-. Así las cosas, esta Sala considera que el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Notariado es la instancia administrativa que, en relación con los actos del Consejo Superior de la Carrera Notarial, debe efectuar los estudios y análisis correspondientes para determinar si procede o no la conciliación en un asunto específico, así como la acción de repetición, en su oportunidad (…) La Sala RESPONDE: (…) Corresponde al Comité de Conciliación de la Superintendencia de Notariado y Registro estudiar las solicitudes de conciliación extrajudicial relacionadas con los actos y actuaciones del Consejo Superior de la Carrera Notarial para efectos de lo previsto en el artículo 161 del CPACA"-

No constituye acto susceptible de control judicial: "(…) respecto del contenido de las actas expedidas por el Comité de Conciliación del Municipio, referenciadas en los párrafos precedentes, -las cuales también son demandadas en el presente caso-, la Sala considera que tampoco son constitutivas de actos administrativos o contratos, habida cuenta que se trata de documentos de trabajo interno en los que consta lo conversado en las reuniones del mencionado comité y las recomendaciones que dicho órgano le hace al ente territorial para instaurar demandas de repetición en aras de defender sus intereses económicos. Por ello, no puede sostenerse que lo concluido en dicho Comité pueda consolidar una situación jurídica particular y concreta para la demandante que la habilite para instaurar una demanda, en ejercicio del medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho o de controversias contractuales, contra el Municipio, pues no se está en presencia de acto administrativo o contrato alguno, sino de constancias de trabajo interno del mencionado órgano, como ya se indicó. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala confirmará el auto apelado como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia".

"(…) en relación con el acta del comité interno de conciliación del Fondo Financiero Distrital de Salud, allegada junto con los documentos en que se sustenta la configuración de la primera causal de revisión y cuya valoración, a juicio de la demandante resulta imperiosa en la medida en que en su contenido el Fondo reconoció que la contratista ejecutó el objeto contractual, de tal suerte que procedía su liquidación para realizar el reconocimiento y pago respectivo, la Sala estima necesario referirse a la vocación probatoria del acta en mención. Al respecto, vale la pena señalar que esta Corporación en oportunidades anteriores ha sentado su postura acerca de la imposibilidad de valorar las actas de conciliación o las actas del comité de defensa y conciliación de las entidades públicas como una prueba documental con la virtualidad de acreditar, por cuenta de su contenido, la efectiva ocurrencia de los supuestos de hecho en que se fundamentan las pretensiones (…) Con base en las consideraciones que anteceden, la Sala encuentra infundados los argumentos del recurso de revisión en relación con la configuración de la primera causal del artículo 250 del C.P.A.C.A. en cuanto los documentos que soportaban la satisfacción de las obligaciones contractuales contraídas por la contratista no se dejaron de aportar en el curso del proceso ordinario por fuerza mayor, caso fortuito o por culpa de la demandada".

"(…) esta Corporación en oportunidades anteriores ha sentado su postura acerca de la imposibilidad de valorar las actas de conciliación o las actas del comité de defensa y conciliación de las entidades públicas como una prueba documental con la virtualidad de acreditar, por cuenta de su contenido, la efectiva ocurrencia de los supuestos de hecho en que se fundamentan las pretensiones. Es así como en varios pronunciamientos se ha referido a la inviabilidad jurídica de considerar demostrado, a partir de la manifestación del consentimiento para conciliar que una entidad pública deposita en un acta de comité de conciliación, los hechos relacionados con el referido convenio que posteriormente se le imputen dentro de un proceso judicial, consideraciones que en este caso y por las mismas razones que allí se han expuesto deben aplicarse al caso concreto [Ver sentencia proferida por la Subsección A, de la Sección Tercera, 30 de octubre de 2013, expediente 32556, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Posición reiterada por la Subsección en sentencia del 15 de abril de 2015, proferido dentro del expediente número 33.173, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón]. Con fundamento en la línea jurisprudencial que impera sobre la materia, la Sala estima que le asiste la razón a Fonade, en cuanto resulta improcedente otorgar mérito probatorio al contenido y a las manifestaciones de voluntad de la entidad pública, recogidas en las actas e informes del comité de defensa judicial y conciliaciones que les sirvieron de sustento, y a las certificaciones emitidas en desarrollo de ese trámite, pues, en virtud de lo allí plasmado, no se pueden considerar demostrados los supuestos de hecho en los cuales se sustenta el petitum".

Constituye acto susceptible de control judicial: "En casos análogos al presente, la Sala, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2003 [Ver Sección Cuarta, Rad. 25000-23-27-000-2000-01150-01(13296)], aunque no hizo alusión a ningún documento en particular, calificó como acto administrativo la decisión que la Administración adopte para no conciliar, decisión que puede ser demandada. Posteriormente, en sentencia del 12 de octubre de 2006 [Ver Sección Cuarta, Rad. 25000-23-27-000-2002-90340-01(14190)], (…), la Sala precisó que no es el acta de Comité de Conciliación y Terminación por mutuo acuerdo el acto administrativo, sino el oficio que comunica dicha decisión porque mediante ese oficio la administración exterioriza la decisión del Comité. Luego, en sentencia del 24 de mayo de 2012 [Ver Sección Cuarta, Rad. 25000-23-27-000-2008-00009-01(18228)] la Sala rectificó la doctrina judicial citada, pues concluyó que el acta del comité de conciliación era el "(…) acto administrativo susceptible de control de legalidad ante la jurisdicción, en la medida en que es ese acto el que define de fondo la solicitud de terminación por mutuo acuerdo". Lo mismo precisó la Sala en la sentencia del 9 de agosto de 2012 [Ver Sección Cuarta, Rad. 25000 23 27 000 2007 00253 01 (18097).]. En esta sentencia, la Sala precisa que el acta del comité de conciliación es el acto administrativo demandable porque de conformidad con el artículo 1º del Decreto Distrital 284 de 2007 y la Resolución SDH-000059 del 23 de febrero de 2007, es al Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Hacienda, a quien le correspondía decidir la conciliación. El Comité de Conciliación, como cuerpo colegiado adopta una decisión verbal cuyo contenido se vierte o materializa en un acta que recoge esa decisión, como testimonio de su existencia (…) es irrelevante la forma en que se materializa el acto. Lo esencial es que la decisión, como tal, exista, como ocurre en este caso. El acta del Comité de Conciliación prueba su existencia y, por eso, es el acto que se debe demandar y el que es susceptible de anular. Por lo tanto, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia del 18 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo (…) que declaró la nulidad de los oficios (…) mediante los que la Secretaría Técnica de Conciliación comunicó la decisión del Comité de Conciliación de Distrito de no conciliar (…) En su lugar, se declarará inhibida para decidir sobre tales oficios. Procede, entonces a decidir si es nula el Acta No. (…) y el oficio No. (…), por violación…".

No constituye acto susceptible de control judicial: "(…) se solicitó la nulidad del Acta del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, entonces, lo que aquí se demanda no es, ni puede ser nunca, un acto administrativo, pues se trata simplemente de la posición institucional -concepto- sobre la procedencia de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para la presente acción, asimismo, se observa que en el acta de referencia no define la situación pensional del actor, lo que significa que no se está en presencia de un acto administrativo susceptible de acción contenciosa, tal y como lo advirtió el a quo".

No constituye acto susceptible de control judicial: "Del contenido de las normas transcritas efectivamente se concluye que para iniciar acción de repetición por el daño causado por el Estado como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, el Comité de Conciliación de las entidades públicas debe adoptar una decisión expresa y justificada de las razones que la fundamentan. Debe aclararse sin embargo, que el hecho de que en el acta enjuiciada se encuentre consignada una recomendación de iniciar juicio de repetición en contra del señor (…), por sí sola, no la cualifica ni le da el carácter propio de un acto administrativo enjuiciable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no es otro que, como bien lo señaló el a quo, aquél que produce efectos o situaciones jurídicas definitivas. Probablemente el acta enjuiciada es o fue el precedente o antecedente para proferir la decisión motivada que exigen las disposiciones transcritas. En ese escenario, el Juez Contencioso al realizar el examen de admisibilidad de la presente censura, debe advertir la falta de jurisdicción y devolver las piezas procesales al actor".